En una reunión celebrada en la ciudad de La Paz entre el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ambas partes acordaron suspender temporalmente la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta disposición había generado una fuerte controversia, ya que, según la Confederación de Empresarios Privados, su implementación podría afectar gravemente la estabilidad económica del sector privado. El acuerdo contempla una pausa en la aplicación de esta medida hasta que el Ejecutivo y los representantes del sector privado encuentren soluciones conjuntas a los problemas derivados de la especulación, el contrabando, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, asuntos que, según ambas partes, requieren un enfoque cooperativo para ser resueltos. En un comunicado oficial, el Gobierno resaltó que este acuerdo temporal busca generar un espacio de diálogo y evitar mayores tensiones, lo que permitirá buscar alternativas que beneficien a ambos sectores en disputa.
Sin embargo, el acuerdo no fue bien recibido por todos los actores involucrados. En Santa Cruz, el Comité Multisectorial, que agrupa a diversos sectores productivos, gremiales y agropecuarios, mostró su rotundo rechazo a la medida, calificando de insuficiente la suspensión temporal y desconociendo cualquier acercamiento entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y el Gobierno. Para los representantes de estos sectores, la única solución que consideran viable es la derogación definitiva de la disposición séptima. Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), fue tajante al afirmar que la Confederación de Empresarios Privados nunca participó en los ampliados multisectoriales en los que se discutieron los problemas relacionados con esta ley. Según Frerking, la ausencia de los empresarios privados en estos debates muestra una falta de interés real por resolver los problemas que afectan a los sectores productivos del país.
“Nos preguntamos cómo es posible que una ley se ponga en pausa sin un proceso formal de consulta y sin la participación de todos los actores afectados. La única salida que nosotros, como sectores, vemos es la derogación total de la disposición séptima”, enfatizó Frerking, quien también criticó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Confederación de Empresarios, al considerarlo una maniobra del Ejecutivo para desmovilizar las protestas y presionar a los sectores en conflicto a aceptar soluciones parciales. De igual manera, el dirigente advirtió que las movilizaciones de los sectores agropecuarios, comerciales y productivos no cesarán, y que se intensificarán a nivel nacional hasta lograr la derogación definitiva de la disposición en cuestión.
Por su parte, Edgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, expresó su desconfianza hacia el acuerdo firmado entre el Gobierno y los empresarios privados, calificando la acción como una maniobra política con fines electorales y sin intención real de atender las demandas del sector. Álvarez dejó claro que su sector no participará en ningún diálogo ni negociación hasta que la disposición séptima sea eliminada de manera definitiva. “Nos encontramos en estado de emergencia. Seguiremos en comunicación constante, y ya estamos planificando las siguientes movilizaciones. No vamos a reconocer ningún acuerdo que no contemple la derogación total de esta disposición”, señaló Álvarez.
Con estas declaraciones, los sectores productivos y gremiales de Santa Cruz ratificaron su postura de lucha y su rechazo total al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los empresarios privados. Consideran que la única salida posible al conflicto es la derogación definitiva de la disposición séptima. Las movilizaciones y medidas de presión anunciadas por estos sectores continúan en marcha, y se espera que en los próximos días haya un recrudecimiento de las protestas a nivel nacional, lo que podría generar un escenario de mayor tensión política y social en Bolivia. La controversia sobre la disposición séptima sigue abierta y, por el momento, no parece haber una solución que logre un consenso entre las partes involucrada
