Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), advirtió sobre las graves repercusiones de la suspensión de las exportaciones de soya, una medida que está afectando a miles de productores y, por ende, a la economía boliviana. Según Hernández, más de 14,000 productores de soya se encuentran directamente perjudicados por esta decisión gubernamental, que ha dejado a la industria en un estado de parálisis.

La raíz del problema: el incumplimiento del gobierno

El origen de la crisis, según Hernández, radica en el incumplimiento por parte del gobierno en la emisión del certificado de abastecimiento interno y precio justo, un requisito establecido por el Decreto Supremo 3920 de 2019. Este proceso permite que el 60% de la producción del año anterior se destine a la exportación, una medida crucial para el sostenimiento del sector productivo. La falta de este mecanismo ha impedido que los productores accedan a mercados internacionales, dejándolos sin un canal fundamental de ingresos.

“Con solo el 20% de nuestra producción de soya se cubre la demanda interna. El 80% restante está destinado a la exportación. No hay ninguna justificación para que el gobierno mantenga suspendidas las exportaciones”, expresó Hernández, haciendo un llamado urgente a que se restablezca este proceso y se liberen las exportaciones del grano.

Caída de los precios y pérdidas millonarias

Además de la parálisis en las exportaciones, los productores enfrentan una drástica caída en los precios de la soya, que ha impactado gravemente sus ingresos. Mientras que hace solo dos semanas, el precio de la tonelada de soya rondaba los 550 dólares, hoy se encuentra por debajo de los 450 dólares, lo que refleja la incertidumbre generada por la suspensión de las exportaciones. Hernández explicó que este desplome en los precios es el resultado directo de la falta de previsibilidad en el mercado, lo cual afecta de manera directa a la rentabilidad de los productores.

El 2024 ha sido especialmente difícil para los productores debido a las condiciones climáticas extremas, como una sequía severa que ha afectado tanto las cosechas de la campaña de verano como las de invierno. “Con una previsión de 2.5 millones de toneladas para esta campaña, los productores enfrentan pérdidas millonarias de al menos 250 millones de dólares”,detalló Hernández, subrayando la magnitud de la crisis que atraviesan los productores de soya en el país.

Urgencia en la toma de decisiones y la necesidad de medidas inmediatas

Ante la crisis que se vive en el sector, los productores han exigido medidas urgentes por parte del gobierno para garantizar el restablecimiento de las exportaciones de soya y el cumplimiento de los acuerdos establecidos. La falta de divisas y la incertidumbre sobre la próxima campaña de invierno, en la que se cultivan productos clave como maíz y trigo, también amenaza la seguridad alimentaria del país.

“La suspensión de exportaciones nos está dejando sin recursos para sembrar en la próxima campaña. Necesitamos que el gobierno cumpla con las normativas y acuerdos establecidos para evitar que la situación empeore y los productores sigan sufriendo los efectos de esta crisis”, señaló Hernández. La falta de apoyo a los productores también pone en riesgo la estabilidad económica de Bolivia, al depender de las exportaciones de productos como la soya para generar ingresos significativos para el país.

El futuro incierto de la producción agrícola en Bolivia

A pesar de las dificultades, Hernández subrayó que los más de 14,000 productores de soya seguirán trabajando para garantizar el abastecimiento interno de alimentos, pero advirtió que necesitan certezas para poder planificar adecuadamente la campaña de invierno. Sin un respaldo adecuado, el futuro del sector productivo y, por ende, de la producción de alimentos en Bolivia, se ve incierto.

“La situación actual es insostenible. Si el gobierno no toma decisiones rápidas y eficaces, la producción de alimentos en el país se verá seriamente afectada, lo que repercutirá en el bienestar de toda la población”, concluyó Hernández, quien hizo un llamado a la acción inmediata para evitar mayores perjuicios para el sector agrícola y la economía boliviana.

El gerente de Anapo también destacó que esta crisis expone la falta de medidas efectivas para apoyar a los sectores productivos en Bolivia y asegurar la estabilidad económica. La suspensión de las exportaciones de soya no solo está afectando a los productores, sino que también pone en peligro la seguridad alimentaria de los bolivianos, un aspecto fundamental para el bienestar de toda la población. La resolución de esta problemática se vuelve urgente, no solo para la viabilidad del sector agrícola, sino para la estabilidad económica y social del país.