Representantes de los sectores agropecuarios, exportadores, gremiales, transportistas, cuentapropistas y otros grupos vinculados a la cadena productiva han anunciado que se reunirán el próximo 30 de enero en Sucre para abordar las alertas generadas por la disposición adicional séptima de la Ley Financial. Esta normativa, en vigor desde el 1 de enero, establece medidas de control y fiscalización que, según los sectores afectados, atentan contra las actividades del sector privado. La convocatoria a este encuentro se produce en rechazo a la propuesta de diálogo lanzada por las autoridades del Gobierno nacional, ya que no se ha logrado la derogación de la disposición considerada perjudicial para el desarrollo de sus actividades económicas.

En una conferencia de prensa, los representantes de los diferentes gremios ratificaron su decisión de no asistir a las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno mientras la disposición séptima no sea eliminada de la ley. Luis Añez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, indicó que la respuesta a las invitaciones al diálogo ya ha sido enviada, reafirmando que los sectores productivos no participarán en conversaciones sin una solución concreta a la normativa que consideran inapropiada. Añez destacó la unidad de todos los actores del sector privado, quienes se reunirán el 30 de enero en Sucre para definir acciones a seguir frente a lo que consideran un atentado a sus labores.

Por su parte, Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), también manifestó que la respuesta al llamado al diálogo del Gobierno es clara y contundente. Según Frerking, la derogación de la disposición es una necesidad urgente para dar certidumbre a los sectores productivos y evitar el impacto negativo de la normativa. Además, señaló que la disposición establece que las autoridades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación o decomiso de productos a aquellos actores del sector alimentario que almacenen o retengan productos con la intención de encarecer los precios.

Mientras tanto, desde el Gobierno, el ministro de Justicia, César Siles, informó que se están cursando nuevas invitaciones para reuniones con los sectores entre lunes y miércoles de esta semana. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la derogación de la disposición séptima de la Ley Financial, lo que ha aumentado la tensión entre los diferentes actores del sector privado y el Ejecutivo. En este contexto, la reunión en Sucre el próximo 30 de enero se perfila como un punto de inflexión crucial en la disputa entre los sectores productivos y el Gobierno.