El Comité Multisectorial llevó a cabo su sexto ampliado en la ciudad de Oruro, donde se continuó el análisis de la solicitud para la derogación de la polémica cláusula séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Esta disposición ha generado un profundo malestar entre diversos sectores de la cadena productiva del país, debido a las implicaciones económicas y la incertidumbre que genera sobre la estabilidad del mercado interno. En este sexto encuentro, los representantes de los gremios productivos y sectoriales reiteraron su rechazo a la medida, afirmando que pone en riesgo tanto la producción nacional como el bienestar de las familias bolivianas.
Klaus Frerking, presidente electo de la Cámara Agropecuaria del Oriente, expresó su preocupación por la falta de respuestas claras por parte del Gobierno Nacional. “Con todas las medidas que toma el Gobierno realmente sentimos que está en contraruta toda la producción nacional. Ahora, con la negativa a la exportación de carne y de soya, se perjudica no solo al sector productivo, sino también a todas las familias bolivianas”, destacó Frerking. La postura de la Cámara Agropecuaria refleja el malestar de un sector clave de la economía que, según afirman, se ve directamente afectado por decisiones gubernamentales que no solo limitan el acceso a mercados internacionales, sino que también agravan la escasez de productos en el mercado interno.
A pesar de las múltiples solicitudes y gestiones realizadas, el Gobierno no ha mostrado disposición para modificar o derogar la cláusula en cuestión, lo que ha desencadenado una serie de medidas de presión por parte de los sectores afectados. Durante el encuentro, César Gonzales, representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, compartió las resoluciones emanadas de este ampliado. Entre las decisiones adoptadas, se acordó organizar una marcha desde Patacamaya hasta la ciudad de La Paz en el mes de marzo, con el objetivo de exigir tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo la derogación de la Disposición Adicional Séptima del PGE 2025. “No vamos a detenernos hasta que se derogue esta disposición que afecta directamente la producción y la estabilidad económica de las familias bolivianas”, declaró Gonzales.
El Comité Multisectorial también hizo un llamado a los Comités Cívicos departamentales para que se sumen a las movilizaciones y actividades organizadas en todo el país. Se solicitó que estos comités colaboren activamente con las acciones del Comité Multisectorial, a fin de lograr que el Gobierno dé respuesta favorable a la derogación de la disposición en cuestión. La unidad y la coordinación entre los sectores productivos y gremiales serán clave en las próximas semanas, a medida que se intensifican las acciones de protesta.
Entre otras resoluciones adoptadas, el Comité Multisectorial propuso la realización de ampliados en otros departamentos, como el Beni y Cochabamba, para atender las solicitudes de instituciones de esos territorios y fortalecer el movimiento en todo el país. Además, se ratificaron las resoluciones emitidas en ampliados anteriores, manteniendo firme la postura de los gremios ante las políticas gubernamentales que afectan al sector productivo.
Un tema central que también fue discutido fue el litio, un recurso estratégico para Bolivia. Los departamentos productores de litio, como Potosí y Oruro, reiteraron su rechazo a la firma de contratos con empresas extranjeras, como Uranium One Group y Hongkong CBC, sin la previa aprobación del Proyecto de Ley 211, que ya había sido consensuado entre los departamentos involucrados. Los representantes de estos departamentos expresaron su desconfianza respecto a la falta de transparencia en las negociaciones y pidieron que las decisiones sobre la explotación del litio sean tomadas de manera conjunta, con la participación activa de los gobiernos departamentales.
A medida que avanzan los ampliados, el Comité Multisectorial anunció que se seguirán tomando nuevas medidas de presión y se organizarán más movilizaciones hasta que la derogación de la Disposición Adicional Séptima del PGE sea alcanzada. Estas determinaciones reflejan la creciente preocupación de los sectores productivos y gremiales por las políticas del Gobierno Nacional, que, según indican, afectan directamente la estabilidad y el desarrollo económico del país. La voluntad de los actores productivos es clara: lograr una revisión de las políticas que están poniendo en peligro la competitividad del sector y la seguridad alimentaria de las familias bolivianas.
