El sector agropecuario volvió a manifestar su rechazo a la disposición transitoria séptima del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, en una reunión clave realizada en Santa Cruz entre representantes del sector agroindustrial y autoridades del Gobierno nacional. La medida, que busca controlar el agio y la especulación de precios, ha generado preocupación entre los productores, quienes consideran que podría derivar en consecuencias negativas para su actividad.
José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresó su descontento con la propuesta, señalando que las regulaciones contra el agio y la especulación ya están contempladas en el artículo 226 del Código Penal. Según Farah, implementar controles adicionales no solo resulta innecesario, sino que podría abrir puertas a situaciones de corrupción y extorsión. “Hacer más controles, verificaciones e inspecciones genera una susceptibilidad del sector y puede dar lugar a hechos de corrupción donde la gente pueda ser extorsionada”, afirmó. Además, enfatizó que lo que el sector necesita es un entorno favorable para continuar produciendo alimentos, y solicitó al Gobierno que facilite herramientas efectivas para alcanzar este objetivo.
Durante la reunión, Farah destacó que los productores no deberían ser penalizados por las acciones de intermediarios deshonestos. “Los representantes del Gobierno manifestaron que hay intermediarios buenos y malos; pero nosotros hemos dicho que no por los malos se va a fiscalizar al pueblo de Bolivia y a los buenos que producimos alimentos”, sostuvo, reforzando la posición del sector agropecuario frente a lo que consideran una medida generalizada que podría afectar a quienes trabajan honestamente en la cadena de producción.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, defendió la disposición del PGE 2025, explicando que su objetivo es garantizar el acceso de alimentos esenciales a la población, sin dirigirse específicamente contra productores o intermediarios. Montenegro aseguró que la medida busca viabilizar la llegada de productos alimenticios a la población, subrayando que el sector agropecuario podrá participar activamente en la reglamentación de la normativa. “Esto no es algo dirigido contra los productores o contra los intermediarios. Más bien es un esquema para garantizar que el alimento llegue a la población”, explicó el ministro.
Asimismo, Montenegro recordó que el PGE 2025 ya fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su análisis y que el diálogo con el sector agropecuario continuará. “Esto se tiene que reglamentar, y el sector puede participar con toda la experiencia que tiene para que la reglamentación sea efectiva”, añadió, abriendo la posibilidad de incorporar las observaciones del agro en el proceso normativo.
A medida que avanzan las discusiones, el sector agropecuario mantiene su postura firme en defensa de condiciones que permitan el crecimiento y desarrollo sostenible de la producción alimenticia en Bolivia, al tiempo que busca garantizar que cualquier medida regulatoria sea implementada con un enfoque justo y eficiente.
