El economista Luis Alberto Alpire, ex secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, ha señalado que la reciente restricción a las exportaciones de carne impuesta por el gobierno boliviano está afectando directamente a los productores locales y podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. En su análisis, Alpire destaca que en un contexto de una economía debilitada, esta medida podría repetir errores del pasado que ya fueron experimentados en sectores como el maíz y el arroz. En aquellos rubros, Bolivia pasó de ser autosuficiente a depender de importaciones y contrabando. Esta vez, según Alpire, el gobierno está repitiendo la misma receta con el sector ganadero, lo que podría resultar en efectos negativos para la producción interna y la estabilidad del mercado.
Producción y exportación: Un desajuste en la narrativa gubernamental
Alpire pone en evidencia que, en 2023, Bolivia produjo un total de 348 mil toneladas de carne, de las cuales solo el 12% fue destinado a la exportación. Estos datos desmienten la narrativa oficial que señala a las exportaciones como la principal causa del desabastecimiento en el mercado interno. Para el economista, la verdadera causa del problema radica en la falta de incentivos a la producción y en la ausencia de políticas efectivas que fortalezcan la cadena de distribución interna. En este sentido, subraya que la solución no está en limitar las exportaciones, sino en mejorar la infraestructura, los incentivos y las condiciones para los productores locales.
El año 2024 fue testigo de un incremento significativo en las exportaciones de carne, con ventas que superaron los 220 millones de dólares. Sin embargo, la estructura del sector ganadero en Bolivia sigue siendo frágil, pues el 90% de los productores son pequeños y medianos, con menos de 800 cabezas de ganado. La falta de políticas de apoyo, sumada al endurecimiento de las restricciones, genera incertidumbre en el sector, lo que desincentiva la inversión y amenaza la estabilidad de la producción.
Impacto macroeconómico y el riesgo para el empleo
La restricción de exportaciones también tiene repercusiones a nivel macroeconómico. En primer lugar, agrava la escasez de dólares en el país, afectando a un sector clave que no solo es un motor de la economía, sino también una fuente importante de empleo en las áreas rurales. El contrabando de carne, por otro lado, sigue aumentando sin que el Estado implemente un control efectivo, lo que evidencia una gestión ineficiente y contradictoria de las políticas productivas. La falta de control en el mercado informal y el endurecimiento de las regulaciones afectan tanto a la producción legal como a la estabilidad del mercado interno.
El economista advirtió que la incertidumbre sobre el futuro del sector ganadero también está generando una reducción en las inversiones, lo que podría frenar el crecimiento de la actividad ganadera en el país. Sin incentivos claros y con medidas restrictivas, la producción podría disminuir, lo que eventualmente afectaría la oferta de carne, con lo cual los precios internos se verían incrementados, afectando directamente a los consumidores.
Hacia una crisis alimentaria: Un panorama incierto
Luis Alberto Alpire alertó que, de mantenerse esta política restrictiva, Bolivia podría enfrentarse a una crisis de abastecimiento similar a la registrada en otros productos básicos en el pasado. La falta de incentivos, sumada a los elevados costos operativos y la creciente incertidumbre sobre el futuro del sector ganadero, está desmotivando a los productores. Si no se corrigen estos errores, el país corre el riesgo de experimentar una grave escasez de carne, lo cual afectaría el acceso de la población a este producto fundamental para la alimentación diaria. (El Mundo)
En este contexto, Alpire considera que es esencial que el gobierno rectifique su enfoque y adopte una estrategia integral que brinde estabilidad, fomente la inversión y garantice el acceso a los mercados internos y externos. En lugar de optar por medidas populistas y de corto plazo, es urgente la adopción de políticas de largo alcance que favorezcan el crecimiento del sector ganadero y aseguren una producción sostenible y suficiente para el consumo interno. El futuro de la economía y de la seguridad alimentaria de Bolivia depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
