El sector productivo del país se encuentra nuevamente en una situación crítica ante las recientes medidas adoptadas por el Gobierno, las cuales, lejos de ofrecer soluciones efectivas, han incrementado la inestabilidad en el abastecimiento de alimentos y en la seguridad económica de las familias bolivianas. En un momento donde solicitamos un entorno favorable para poder incrementar nuestra productividad, lo cual redundaría en una mayor disponibilidad de alimentos, generación de empleo y obtención de divisas, nos encontramos con nuevas prohibiciones que obstaculizan cualquier intento de mejorar la situación del país.
El Gobierno, en lugar de ofrecer las condiciones necesarias para que los productores puedan trabajar con certidumbre y seguridad jurídica, ha optado por imponer restricciones a las exportaciones, establecer bandas de precios y limitar la actuación de los diferentes actores dentro de las cadenas de abastecimiento. Esta política, justificada bajo el discurso de garantizar la producción para el consumo interno», ha demostrado ser completamente ineficaz. A lo largo del tiempo, las restricciones no han conseguido los resultados esperados y, por el contrario, han contribuido a un mayor desabastecimiento, afectando directamente a la población que sufre las consecuencias de decisiones equivocadas.
Un ejemplo claro de este fracaso es el sector de los cereales, como el arroz y el maíz. Hasta antes de 2010, el mercado interno de estos productos estaba abastecido y, en algunos casos, incluso se exportaban excedentes. Sin embargo, tras la imposición de restricciones a las exportaciones de estos rubros, la producción nacional sufrió un descenso significativo, lo que ha provocado una escasez de estos alimentos y un encarecimiento que impacta negativamente a los hogares bolivianos. Hoy en día, la población paga el precio de esas decisiones erróneas que han afectado no solo la producción, sino también el bolsillo de las familias más vulnerables.
Recientemente, el Gobierno ha optado por restringir las exportaciones de carne como una medida para abordar la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, esta restricción no solo carece de fundamento, sino que también oculta una realidad mucho más grave: la mala gestión económica del Gobierno. En 2024, Bolivia produjo 348.113 toneladas de carne, y se autorizó un cupo de exportación de apenas 41.745 toneladas, lo que representa solo el 12% de la producción. Este dato evidencia la ineficiencia de las políticas públicas, que en lugar de generar un escenario favorable para los productores y la población, se centran en un show mediático sin considerar las consecuencias a largo plazo de estas decisiones.
Ante esta situación, el sector productivo exige de manera urgente que las autoridades levanten las restricciones a las exportaciones de productos clave para la economía boliviana. Estas medidas están afectando no solo a los productores, sino también a la población en general, que se ve afectada por el desabastecimiento y la subida de precios. Asimismo, solicitamos al Presidente del Estado la destitución inmediata de los Viceministros encargados del área productiva, pues su falta de capacidad y visión está contribuyendo a empeorar aún más la situación en el abastecimiento de alimentos. Es urgente un cambio en la conducción de estas políticas para evitar un desastre mayor.
Finalmente, hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que intervenga de manera efectiva y ponga a su disposición todos sus recursos para que la Asamblea Legislativa derogue sin demora la Disposición Adicional Séptima de la Ley 1613, la cual solo está generando más barreras y restricciones que afectan gravemente la estabilidad del sector productivo y, por ende, el bienestar de la población. En este momento crucial, el país necesita soluciones concretas y no parches que solo agravan el problema.
