Los sectores de la cadena productiva que se oponen a la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 consideran que la reciente decisión del Gobierno de suspender temporalmente esta normativa no es más que una jugada política para desactivar el malestar. Estos sectores insisten en que la única solución viable es la derogación total de la norma, ya que, según afirman, la medida no aborda de fondo los problemas que originaron el rechazo generalizado, como la especulación, el contrabando y las dudas sobre la seguridad jurídica.
Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), recordó que el comité multisectorial, con el apoyo de la Cámara Nacional de Industriales (CNI), presentó un anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el fin de derogar esta disposición. “La única salida es la derogación, que es lo que exigimos como sectores; por eso hemos presentado el proyecto de ley con un artículo único, que es la derogación de la cláusula séptima. (La pausa) es una jugada más del Gobierno”, declaró Frerking. Esta postura refleja el descontento generalizado de los productores, que aseguran que la suspensión no resuelve los problemas estructurales que afecta a la cadena productiva y el clima de incertidumbre que se vive en el sector.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, informó que, durante una reunión reciente con autoridades estatales, se acordó suspender la disposición adicional hasta que se resuelvan los problemas relacionados con la especulación, el contrabando, la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada. Sin embargo, Frerking destacó que la CEPB no participó en los ampliados nacionales donde los sectores que forman parte de la cadena productiva discutieron la normativa, lo que generó más desconcierto y cuestionamientos. “Entonces, yo les pregunto, ¿cómo una ley se pone en pausa?”, se preguntó el productor, dejando claro que esta solución parcial no satisface las demandas de los sectores productivos.
Edgar Álvarez, dirigente gremial, también expresó su desconfianza hacia las acciones del Gobierno, calificando de “mala intención” las reuniones que se han venido realizando. Álvarez señaló que el Gobierno ha sido cauto al convocar a confederaciones gremiales afines que han respaldado la medida, mientras que no se ha dialogado con los sectores movilizados, que son los más afectados por la normativa. “Lo han venido haciendo, jugando e inventándose reuniones con terceras personas”, expresó Álvarez, haciendo hincapié en la falta de representación de los sectores críticos en las discusiones.
La postura de la Cainco, representada por su presidente Jean Pierre Antelo, también se alinea con la demanda de derogación de la norma. A través de sus redes sociales, Antelo dejó en claro su rechazo a la suspensión temporal de la disposición, calificándola de una “dilación”que solo busca legitimar un principio perjudicial para la economía nacional. “Llamar ‘acuerdo’ a una dilación para reglamentar una norma que debe ser abrogada es aceptar su principio, y en este caso, el principio es nefasto: facultar al Estado a confiscar productos bajo el pretexto del agio es dinamitar la seguridad jurídica de la cadena productiva”, afirmó Antelo. Además, subrayó que los productores están cansados de estar en una situación constante de incertidumbre, donde se les limita la exportación y se les genera un clima de miedo para operar dentro de su propio país. “La única solución es la abrogación inmediata como muestra de visión país”, concluyó el líder empresarial.
Con estas declaraciones, los sectores afectados dejan claro que la suspensión no es suficiente y que la abrogación es la única salida viable para resolver la controversia de manera definitiva
