Diversas instituciones representativas de la cadena productiva y alimentaria de Bolivia, como CADEX, CAO, CANIOB, Cainco, la Cámara de Transporte del Oriente, la Federación Departamental de Gremiales y el Comité Pro Santa Cruz, han manifestado su rechazo categórico al proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. En un comunicado conjunto, expresaron su preocupación por las medidas incluidas en el proyecto, que consideran perjudiciales para la estabilidad macroeconómica, la seguridad alimentaria y la seguridad jurídica del país.

Entre los puntos más críticos se encuentra la reciente decisión del Gobierno Nacional de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención en los ingenios arroceros, acciones que calificaron como arbitrarias y abusivas. Según las instituciones, estas políticas no solo afectan al sector productivo, sino que también generan escasez, incertidumbre y limitan la obtención de divisas necesarias para la economía. “Estas acciones van en detrimento del sector, de la población y de la generación de dólares, esenciales para mantener la estabilidad del país”, señala el comunicado.

Las restricciones económicas y sus efectos adversos

El comunicado advierte que las restricciones y la represión económica no son soluciones efectivas para garantizar el abastecimiento de alimentos en el país. Por el contrario, estas medidas obstaculizan la producción, desaceleran la economía y ponen en riesgo el acceso de la población a productos básicos. Ejemplos recientes como la prohibición de exportaciones de aceite y la intervención en los ingenios arroceros han demostrado que lejos de reducir los precios de la canasta familiar, generan escasez e incertidumbre tanto entre los productores como entre los comercializadores.

Desde hace 18 años, señalan las instituciones, las políticas restrictivas han limitado las exportaciones, impuesto bandas de precios y establecido cupos que han incrementado la dependencia del país en productos importados. Esta situación, agravada por la falta de dólares y el contrabando incentivado por políticas erradas, ha generado un contexto de incertidumbre económica que afecta tanto a productores como a consumidores.

Exigencias y propuestas para la reactivación económica

Ante esta situación, las instituciones emitieron un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa para reconsiderar el proyecto del PGE 2025. Exigen medidas concretas para abordar la crisis económica y garantizar la estabilidad del país, entre las que destacan:

Rechazar el proyecto del PGE 2025 mientras no incluya soluciones efectivas para la crisis económica, como la eliminación de la cláusula transitoria séptima.

Garantizar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones y fortalecer las cadenas productivas, eliminando acciones arbitrarias como la prohibición de exportaciones y la confiscación de productos.

Resolver de manera definitiva el desabastecimiento de diésel, un insumo clave para mantener la producción activa.

Implementar políticas que aumenten la oferta de productos y favorezcan la generación de divisas esenciales para la economía.

Estado de emergencia y compromiso con Bolivia

Finalmente, las instituciones declararon estado de emergencia y se comprometieron a mantener reuniones permanentes para defender la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del país. Advirtieron que no permitirán que decisiones políticas mal diseñadas continúen debilitando el tejido productivo de Bolivia.

“Nuestra responsabilidad es con el pueblo boliviano. Seguiremos trabajando por la generación de empleo, el fortalecimiento del aparato productivo y la construcción de un país más justo y próspero», concluye el comunicado firmado por las principales instituciones productivas y gremiales del país.

del país.