Para el 10 de febrero ha sido ratificado un paro nacional movilizado que llevarán adelante distintos sectores de la cadena productiva en rechazo a la disposición adicional séptima, incluida en la Ley Financial. Dicha disposición establece la posibilidad de decomisos en casos de supuesto agio y especulación de precios de productos, una medida que ha generado una fuerte reacción en sectores agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y trabajadores por cuenta propia, quienes consideran que la normativa vulnera sus derechos y podría abrir la puerta a abusos en su aplicación. Desde hace varias semanas, estos sectores han expresado su preocupación por el impacto que la disposición puede tener en la estabilidad del comercio y la producción nacional, advirtiendo que su implementación podría desincentivar la inversión y la actividad económica en un momento en el que el país ya enfrenta desafíos significativos en términos de crecimiento y estabilidad financiera.

En un pronunciamiento emitido este miércoles, los actores económicos movilizados exigieron al presidente nato de la Asamblea Legislativa que convoque a sesión de forma inmediata con el objetivo de proceder a la derogación de la disposición cuestionada. Argumentaron que se han presentado proyectos de ley alternativos que buscan eliminar el artículo en cuestión y que hasta la fecha no han recibido una respuesta concreta de las autoridades legislativas. En el documento, los sectores movilizados recalcaron que la medida es inconstitucional y que su implementación generaría una incertidumbre jurídica que podría afectar gravemente a miles de comerciantes y productores en todo el país. Ante esta situación, han reiterado su determinación de llevar adelante el paro nacional, como una forma de presión legítima para hacer oír su voz y exigir que sus demandas sean atendidas.

Desde el Gobierno, la medida de presión ha sido calificada como “extrema”. En una conferencia de prensa realizada al mediodía de este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, manifestó que el Gobierno ha establecido un mecanismo de diálogo con los sectores afectados y que, en ese marco, los ministros de Desarrollo Rural, Desarrollo Productivo y Justicia han realizado reiterados llamados a los representantes de los gremios movilizados para sentarse en mesas de trabajo con el objetivo de encontrar una solución concertada. Sin embargo, según Montenegro, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable a su invitación. La autoridad gubernamental subrayó que, a su juicio, “tomar medidas de pleno”, como el paro anunciado, “no condice con esa cultura de diálogo que tiene el pueblo boliviano y, por lo tanto, la consideramos una medida extrema”.

Mientras tanto, este miércoles se llevó a cabo el cuarto encuentro multisectorial en la ciudad de Tarija, donde se reunieron representantes de los sectores afectados para analizar la situación y coordinar acciones en contra de la disposición séptima de la Ley Financial. En la reunión participaron actores clave de la cadena productiva, quienes ratificaron su rechazo a la normativa y manifestaron su decisión de continuar con las protestas hasta lograr su derogación. En el encuentro, varios participantes coincidieron en que la disposición genera un clima de inseguridad y que su implementación podría derivar en afectaciones directas a la producción y comercialización de alimentos en el país.

El descontento con la disposición adicional séptima ha ido en aumento, ya que establece que las autoridades podrán ejercer “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos” a los actores de comercialización de alimentos que, a criterio del Gobierno, “almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”. Para los sectores movilizados, esto implica un riesgo de intervenciones arbitrarias y atenta contra la libertad de comercio y la seguridad jurídica de los productores y comerciantes. A medida que se acerca la fecha del paro nacional, la tensión entre las partes continúa en aumento y aún no se vislumbra una solución consensuada que permita desactivar la medida de presión anunciada.