El director de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria de la Gobernación de Autónoma de Santa Cruz, Erick Euler, conversó con Valor Agro sobre la decisión de levantar la vacunación en el departamento y los efectos económicos y sociales: “Un brote de aftosa implica mucha pérdida económica con un gran desempleo y desvalorización del ganado e insumos, el impacto es importante en un marco que la economía del país está en una situación de fragilidad”.

Semanas atrás dábamos a conocer que la Gobernación de Santa Cruz estaba evaluando medidas legales ante la decisión unilateral que tomó el Senasag respecto al levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa, ¿es así?

Ante esta realidad y la obligación por la Constitución política del estado, la Gobernación Autónoma de Santa Cruz puede tomar medidas legales para actuar ante hechos de esa magnitud, y posiblemente eso se verá en un tema de constitucionalidad por la incompetencia del Senasag. Se tomó una decisión acelerada y no bien pensada, lamentablemente no se han hecho estudios de costos y beneficios, no hay análisis de riesgos cualitativos ni cuantitativos de lo que significa dejar de vacunar y sus posibles efectos. Es un tema que se tiene que dilucidar en el tribunal constitucional de Bolivia, es prácticamente una obligación porque cuando aparezca un foco de aftosa en Santa Cruz, todos nos van a decir por qué la Gobernación permitió semejante decisión que puede significar pérdidas millonarias en dólares.

¿Considera que el Senasag está poniendo en riesgo la ganadería y economía de Santa Cruz de la Sierra y Bolivia?

La Gobernación ha tenido reuniones con sus Secretarías y hemos hablado sobre la situación actual y el riesgo en el que se está poniendo al Departamento por levantar la vacuna. Como Gobernación tenemos la obligación de cuidar la sanidad agropecuaria, y bajo ese concepto que está definido en la Constitución, estamos evaluando los posibles efectos de la medida tomada por Senasag y tenemos mucha preocupación porque eso implicaría aumentar la inversión de la Gobernación en controles, en un momento que el gobierno central está recortando la distribución de dinero a las gobernaciones y la economía del país está viviendo una realidad difícil. Desde hace una década que la Gobernación viene invirtiendo unos 10 millones de dólares para mantener la estructura sanitaria del país, y dejar de vacunar es una responsabilidad mayor a la que Bolivia no está preparada para enfrentar.

¿Hay recursos para incrementar esa inversión?

No, no hay. Reitero, precisamente por la crisis del país, el gobierno central está recortando el presupuesto para los departamentos y la Gobernación debe ir priorizando las inversiones, en la que una de ellas es mantener el estatus sanitario de una región exportadora de carne y genética, y con el levantamiento de la vacuna, esos negocios entran en una zona de más fragilidad.

Entonces, ¿en lugar de acompañar el cambio de estatus con las inversiones y controles necesarios, por un tema de capacidad financiera del país se va a ir retrocediendo?

Es así. Para levantar la vacunación se necesita una estructura sanitaria con más gente, más puestos de control, más vigilancia en riesgo epidemiológico, un laboratorio con buenas características de bioseguridad y recursos suficientes para hacer los muestreos constantes. Para el Senasag, el laboratorio de referencia está obsoleto y no garantiza la bioseguridad y los resultados de diagnósticos. El último muestreo del Senasag fue el año pasado y todavía no sabemos los resultados que se obtuvieron. Pero como conocedores de los diagnósticos, no tenemos en Bolivia un laboratorio para ese seguimiento en la medida que se levante la vacuna.

Recientemente mencionó que un foco de aftosa podría implicar pérdidas por 290 millones de dólares en Santa Cruz, ¿cómo se construye esa cifra?

El último brote del 2007 costó cerca de un millón de dólares, tanto a la Gobernación como a los ganaderos. Actualmente controlar el brote de fiebre aftosa con zona focal, perifocal, cierre de caminos y demás, va a implicar un incremento de personal y costos que serían cercanos a los dos millones de dólares; sólo para controlar el foco. Pero los efectos colaterales son los más preocupantes: cierre de caminos, cierre de centros de remates, y cese del transporte. Anualmente se mueven entre 2 a 2,5 millones de animales en Santa Cruz, el sector del transporte sufriría pérdidas de unos 17 millones de dólares. También pierden los mataderos y los frigoríficos exportadores, y automáticamente se deja exportar, que en el último reporte solo los envíos al exterior ya superan los 290 millones de dólares.

Un brote de aftosa implicaría cierre de transporte, rematadoras, y mataderos, ¿se puede traducir a más desempleo y una pérdida en la economía de las familias?

Totalmente. En Santa Cruz hay 32 mil predios ganaderos y hay mucha gente trabajando directa e indirectamente. La ganadería genera mucho puesto de trabajo, pero acá se ve afectada toda la cadena productiva. Se puede observar el efecto con la gripe aviar, hoy el día el precio del huevo ha subido a valores nunca antes visto y eso se debe en parte a las altísimas pérdidas en la producción avícola y una reducción en la inversión para productor aves y huevos por temor que la enfermedad siga en circulación y generando más pérdidas. Un brote de aftosa va a generar toda esa pérdida y muchos movimientos en una economía que está muy sentida.

¿Cuánto puede hacer retroceder el negocio de la carne?

El cierre de mercado de exportación, en primer lugar, va a ser de 6 meses a 1 año. Si se cierran exportaciones hay sobreoferta. Pero eso tendrá impacto en el precio del ganado, en el precio de los insumos y demás. Es una cadena que presiona para atrás. Y lo mismo va a suceder en la genética. Hoy con la vacunación se asegura la sanidad y los buenos mercados, pero hoy con la intención del cambio de estatus a libre de aftosa sin vacunación se van a venir más exigencias. Uruguay exporta carne y animales en pie a varios países del mundo y está vacunando. Lo mismo el resto de los países de la región.