Las 10 medidas anunciadas el 12 de marzo por el presidente del Estado no parecen ofrecer soluciones efectivas a la crisis económica que atraviesa Bolivia, marcada por la escasez de dólares y carburantes. En lugar de mejorar la situación, estas medidas podrían agravar aún más los problemas económicos que afectan a las familias bolivianas. Según denuncian sectores críticos, el gobierno ha engañado a la población, ya que la falta de combustibles no es resultado de sobredemanda ni de bloqueos, sino de un problema de iliquidez y falta de capacidad de pago.

El comité multisectorial destaca que la cadena productiva, especialmente en el sector agrícola, enfrenta una grave emergencia debido a la escasez de diésel. La falta de este combustible ha demorado las cosechas y causado pérdidas importantes. La situación exige, con urgencia, un abastecimiento total de diésel para levantar la cosecha de esta campaña, un requerimiento que aún no se ha atendido. Sin embargo, el Gobierno parece centrado en medidas que solo buscan reducir el consumo, lo que termina achicando la economía y afectando aún más el poder adquisitivo de los 11,6 millones de bolivianos.

En este contexto crítico, los sectores afectados exigen que el Gobierno reaccione de manera responsable y piense en el bienestar de la población, adoptando medidas que no estén basadas en intereses políticos ni ideológicos. “El modelo económico actual ha fracasado”, afirman, y por ello insisten en la necesidad de un cambio estructural en la política económica del país.

El comité multisectorial ha reiterado sus demandas clave, entre las que destacan la libre importación y comercialización de carburantes, la eliminación de las restricciones sobre el diésel y gasolina, y la derogación de la Disposición Adicional Séptima del PGE 2025. También exigen el levantamiento inmediato de todas las restricciones a las exportaciones y el fin de las intervenciones y confiscaciones en las actividades productivas.

Ante la emergencia que atraviesa el país, el comité reafirma su compromiso de mantenerse movilizado y en alerta, exigiendo al presidente del Estado que cumpla con su obligación constitucional de resolver los problemas que enfrentan los bolivianos.