La Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) celebró un avance significativo en su lucha por la seguridad jurídica del sector agropecuario, luego de una serie de intensas gestiones ante el Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional. La ALP se ha comprometido a revisar un proyecto de ley que propone una pausa en la verificación de la Función Social (FS) y la Función Económica Social (FES) en los procedimientos de saneamiento y reversión de la propiedad agraria, con el objetivo de proporcionar un marco de seguridad jurídica que garantice la estabilidad del sector y, por ende, la seguridad alimentaria del país.

Este paso importante ha sido el resultado de un trabajo constante de la confederación ganadera, que durante el último mes ha intensificado sus esfuerzos de socialización con los diferentes bloques parlamentarios para que el tema sea debatido y tratado de manera urgente. Los representantes de CONGABOL se reunieron con más de una decena de legisladores en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, para exponer de manera detallada los puntos críticos de la propuesta y destacar la relevancia de contar con un marco legal que permita a los agropecuarios trabajar con la tranquilidad de tener seguridad sobre sus tierras.

El vicepresidente de CONGABOL, Walter Ruiz, destacó que la propuesta busca una moratoria de siete años para la aplicación de la verificación en campo de la Función Social y la Función Económica Social en las propiedades agrarias. “Esta pausa no es más que una medida que garantiza que los productores puedan seguir trabajando con seguridad jurídica, algo fundamental para la estabilidad del sector agropecuario y, en consecuencia, para la seguridad alimentaria del país”, indicó Ruiz. Esta medida es crucial, dado que una falta de certidumbre sobre la legalidad de las tierras podría tener repercusiones graves sobre la producción de alimentos y las economías de cientos de miles de familias bolivianas.

La propuesta de CONGABOL no se limita a una sola acción, sino que incluye una serie de demandas legislativas que buscan garantizar la sostenibilidad y el desarrollo del sector agropecuario. Entre las principales solicitudes, destaca la abrogación del Decreto Supremo 5203 y la derogación del Decreto Supremo 5225, normativas que, según el sector agropecuario, dificultan el proceso de saneamiento de tierras. Además, se plantea la necesidad de avanzar con la reglamentación de la Ley 1171, que busca brindar condiciones más favorables para los productores en términos de acceso y control sobre sus tierras.

Otra de las propuestas clave es la aprobación del Proyecto de Ley N° 157/2023-2024, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de la clasificación de las propiedades agrarias de pequeña a mediana o empresarial, lo que permitiría a muchos productores acceder a beneficios legales y fiscales que hoy se ven limitados por la clasificación actual. Este proyecto ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y está a la espera de su tratamiento en el Senado.

Asimismo, se propone la creación de una Ley de Apoyo en la Lucha contra el Abigeato, un problema creciente que afecta a los productores de ganado en todo el país, con un incremento significativo de robos de animales en los últimos años. Además, se incluye la necesidad de avanzar en la implementación de la Ley 1715, que regula las condiciones laborales del trabajador agrícola, con el fin de garantizar un marco adecuado para la protección de los derechos de los asalariados del campo.

El sector también ha planteado otras propuestas que serán evaluadas por el Gobierno y los legisladores, como la entrega de títulos ejecutoriales por parte del INRA, la tramitación de la Certificación Internacional de Bolivia Libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, y la creación de líneas de crédito específicas para la preñez y el confinamiento de ganado. Igualmente, se busca mayor participación en los procesos de ganadería sostenible y la implementación de procedimientos eficaces para enfrentar fenómenos climáticos extremos como inundaciones y sequías, que afectan de manera recurrente a los productores del país.

La presión y las gestiones realizadas por CONGABOL han generado un primer resultado positivo al lograr que la ALP considere la propuesta de pausa en la Función Social y la Función Económica Social. Sin embargo, los representantes del sector agropecuario subrayan que el trabajo no ha terminado y seguirán abogando por un marco normativo que permita la consolidación de un sector agropecuario más fuerte, sostenible y seguro para el futuro de Bolivia.