La decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de carne bovina en Bolivia, tomada la noche del viernes, ha causado una gran preocupación en el sector empresarial, que estima que la medida podría implicar una pérdida de más de 220 millones de dólares anuales. Esta medida, adoptada ante el encarecimiento de la carne en el mercado interno, ha sido rechazada por diversos actores económicos que la consideran injustificada y perjudicial para la economía del país.

El precio de la carne de res en Bolivia ha experimentado un aumento brusco en los últimos días, alcanzando precios entre Bs 45 y Bs 56 por kilogramo, y en algunas ciudades superando los Bs 60. Inicialmente, el Gobierno atribuyó este incremento a factores climáticos, como la sequía, y aseguró que los precios se estabilizarían pronto. Sin embargo, el miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, sorprendió al anunciar la suspensión de las exportaciones de carne hasta que los precios bajen en el mercado interno. Esta decisión fue una medida preventiva para frenar el aumento de los precios, que ha golpeado directamente a los consumidores bolivianos.

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Luis Arce impone un veto a las exportaciones de carne. En octubre de 2022, también se suspendieron temporalmente las exportaciones en respuesta a una protesta en Santa Cruz que exigía la realización del censo de población y vivienda. Además, en noviembre de 2024, la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol) había solicitado una restricción similar debido al aumento de precios, aunque en esa ocasión la medida no se concretó. La nueva suspensión, anunciada en febrero de 2025, tiene como objetivo reducir los precios internos y garantizar el abastecimiento para el mercado local.

Desde el sector empresarial, la reacción ante la medida fue inmediata. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO) y los propios ganaderos expresaron su preocupación por las consecuencias de esta restricción, que, según ellos, no solo afectará la producción nacional, sino que también provocará la pérdida de mercados internacionales y oportunidades comerciales clave. La producción de carne bovina en Bolivia asciende a 348.000 toneladas anuales, de las cuales solo 40.000 toneladas, aproximadamente el 12% de la producción, se destinan a la exportación. Según los empresarios, esta cifra no justifica la suspensión de las exportaciones, ya que no pondría en riesgo el abastecimiento interno de carne.

El aumento del precio de la carne de res en Bolivia se debe a varios factores. Uno de los principales es la escasez de granos, producto de la sequía más severa de los últimos 40 años, que ha afectado la producción de forraje para el ganado. Además, la falta de dólares ha encarecido los insumos ganaderos en hasta un 40%, lo que ha incrementado los costos de producción. El contrabando de carne hacia países vecinos como Brasil, Perú y Argentina también ha contribuido a la presión sobre los precios, ya que reduce la oferta en el mercado interno. Los intermediarios en la cadena de comercialización son otro factor que eleva los costos, ya que obtienen márgenes de ganancia mucho mayores que los productores.

La Cámara de Exportadores (CADEX) advirtió que la medida del Gobierno tendrá efectos negativos en la competitividad del sector y podría generar un efecto contrario al esperado. El presidente de CADEX, Oswaldo Barriga, señaló que desde la implementación de bandas de precios y cupos de exportación en 2011, el sector productivo ha experimentado un estancamiento, ya que estas políticas limitan la capacidad de crecimiento del sector. Barriga también alertó que la restricción a las exportaciones podría resultar en la pérdida de mercados internacionales y una disminución de los ingresos por exportación, lo que afectaría la economía nacional.

La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) se declaró en estado de emergencia tras el anuncio del veto, argumentando que esta medida afecta la principal fuente de acceso a divisas del país y no resolverá el problema del aumento de precios, que tiene causas estructurales. La CANEB instó al Gobierno a reconsiderar la decisión y a encontrar soluciones más efectivas para estabilizar los precios sin perjudicar al sector exportador. Además, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su preocupación por la incertidumbre que esta medida genera en los sectores productivos y pidió la reanudación del diálogo con el Gobierno.

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, trató de minimizar las críticas, afirmando que la suspensión de las exportaciones es temporal. Según Alcón, el objetivo principal es garantizar el abastecimiento para el mercado interno y asegurar que las familias bolivianas puedan acceder a la carne a precios justos. La viceministra recordó que en 2024 se suspendieron temporalmente las exportaciones de aceite, pero la medida fue levantada una vez que los precios y el abastecimiento se normalizaron.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, y el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, también defendieron la decisión del Gobierno, destacando que la suspensión de las exportaciones busca proteger el poder adquisitivo de la población. Aseguraron que, aunque la sequía había afectado la oferta de carne, la situación había mejorado con las lluvias recientes, y que ahora se requería estabilizar los precios.

En resumen, la suspensión de las exportaciones de carne bovina en Bolivia ha generado una división entre el Gobierno y el sector empresarial, que teme que esta medida afecte gravemente la competitividad del país y las oportunidades de crecimiento del sector. Si bien el Gobierno defiende la medida como una solución temporal para controlar el aumento de precios, los empresarios alertan sobre las consecuencias económicas a largo plazo y la pérdida de mercados internacionales. La situación sigue siendo incierta, y la resolución de esta crisis dependerá de cómo se maneje el diálogo entre el Gobierno y el sector productivo.