Representantes de la cadena cárnica boliviana manifestaron este lunes un fuerte rechazo a las medidas anunciadas por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, quien propuso regular los centros de remates de ganado con el fin de fijar precios según calidad y aplicar controles que podrían incluir clausuras por incumplimientos. La reunión, realizada en la sede de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), congregó a gremios agropecuarios, transportistas, empresarios y entidades del sector privado, quienes calificaron las acciones como una «intervención estatal» que amenaza la estabilidad del sector.

A través de un comunicado leído por el presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, el sector expresó su preocupación por el impacto negativo que podría generar la regulación en toda la cadena de valor. «Ratificamos nuestro compromiso con Bolivia, proveyendo la proteína roja que necesita la población, esencial para su alimentación y la seguridad alimentaria, a precios más bajos que los de países vecinos», señaló el documento, subrayando que las medidas gubernamentales desincentivan la producción y afectan la competitividad.

Los representantes también denunciaron restricciones impuestas desde algunos municipios y afirmaron que estas entidades no tienen competencia legal para intervenir en la actividad ganadera. Alertaron que tales decisiones debilitan las bases del desarrollo agropecuario y podrían provocar escasez y alzas de precios en el mercado interno.

Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), fue enfático al asegurar que “el Gobierno busca culpar al campo por una crisis generada por sus propias decisiones” y advirtió que no se permitirá ningún intento de injerencia sobre la propiedad privada ni sobre el funcionamiento autónomo de los centros de remate. “Si ahora comienzan por allí, después querrán controlar farmacias, tiendas de barrio y cualquier otro sector productivo”, enfatizó.

Desde el sector insisten en que imponer precios y restringir exportaciones sólo agravará los problemas actuales, y advirtieron que, de persistir el enfrentamiento con el aparato productivo, el Estado deberá asumir la responsabilidad por los aumentos de precios que ya afectan a la población boliviana.