La Conferencia Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro) ha emitido una llamada urgente al Estado para que priorice el suministro de agua destinado al riego agrícola y para que tome medidas concretas contra los avasallamientos de tierras privadas, dos problemas que están causando una gran preocupación en el sector agropecuario del país. José Luis Farah, presidente de Confeagro, ha subrayado que el cambio climático se está manifestando con fuerza y está afectando directamente la disponibilidad de agua tanto para el riego de cultivos como para el abastecimiento de los animales.

El dirigente ha destacado que las sequías se están prolongando cada vez más, y en esta situación crítica, es esencial que los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) brinden apoyo con agua a los agricultores, ya que sin su producción, la seguridad alimentaria del país está en peligro. Además, Farah ha hecho hincapié en que no es necesario reinventar la rueda y que ya existen proyectos exitosos de almacenamiento de agua en otros países que podrían servir como modelos a seguir para Bolivia.

José Luis Farah también ha planteado la necesidad de proteger de manera prioritaria las tierras privadas para frenar los avasallamientos que están ocurriendo, especialmente en Santa Cruz y otras regiones del país. Ha enfatizado que estos actos son condenables y van en contra de la ley, ya que no se puede permitir el ingreso a propiedades privadas que legítimamente corresponden a personas que las trabajan para producir alimentos.

“La gente avasalladora debería estar presa. En Bolivia solo aplicando la Ley y metiendo preso a los cabecillas se podrá frenar los avasallamientos”, manifestó

El presidente de Confeagro ha instado al Estado a aplicar las leyes vigentes y a sancionar a los avasalladores, no solo en Santa Cruz, sino en todas las regiones del país donde se han reportado invasiones ilegales a propiedades privadas. La Confeagro no tiene información precisa sobre la extensión de las áreas avasalladas por personas sin escrúpulos, pero insiste en que la aplicación efectiva de la ley y la detención de los líderes de estas acciones ilegales son cruciales para frenar este problema que afecta a los productores agrícolas y ganaderos en Bolivia.