En un comunicado conjunto emitido tras la reunión celebrada en la ciudad de Potosí, el Comité Multisectorial ha lanzado una resolución que exige de manera tajante al Poder Legislativo la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado. Esta disposición, que ha generado una fuerte controversia, ha sido rechazada por diversas instituciones involucradas en las cadenas de abastecimiento del país. En su declaración, el Comité Multisectorial subrayó que ninguna de las entidades que participan activamente en estos sectores se hará presente en futuras reuniones para discutir la reglamentación de esta medida, evidenciando su descontento con las políticas actuales del gobierno en relación al manejo del presupuesto. Además, se hizo un llamado urgente a las autoridades para que reflexionen sobre las consecuencias de esta medida, y reconsideren su impacto sobre los sectores productivos. Los miembros del comité insisten en que la derogación de dicha disposición es crucial para garantizar la continuidad de los esfuerzos que buscan fomentar la creación de empleo, el impulso del consumo interno y la preservación de la seguridad alimentaria en el país.
Por su parte, César Gonzales, representante de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, resaltó la importancia de la unidad en la región potosina para lograr la anulación de la disposición. El Comité Cívico Potosinista, en alianza con otras instituciones locales, ha manifestado su respaldo al pedido de derogación, al tiempo que ha dejado claro que no tolerarán la confiscación de productos de los integrantes de las cadenas de abastecimiento, una práctica que consideran perjudicial y que afecta directamente al bienestar de los productores y consumidores. En este sentido, Gonzales reiteró la firme postura del sector, destacando que las movilizaciones seguirán su curso y no cesarán hasta obtener una respuesta favorable.
Además de este tema, el Comité Multisectorial, en colaboración con el Comité Cívico Potosinista, abordó otro asunto crítico en su agenda: la creación de una Ley del Litio. Ambos comités han instado a las autoridades a elaborar una legislación adecuada que regule la explotación de este recurso estratégico antes de que se firmen acuerdos que puedan comprometer el futuro económico del país. La explotación del litio es vista como una oportunidad crucial para el desarrollo nacional, pero también como un tema delicado que requiere un marco legal claro y sostenible. Los representantes de estos comités advirtieron que cualquier acción prematura en este campo podría tener consecuencias devastadoras si no se consideran adecuadamente los intereses nacionales y la protección de los recursos del país.
En cuanto a las movilizaciones, se ha informado que estas seguirán escalonándose en diferentes puntos del país. Los sectores involucrados mantienen firme su compromiso de continuar con las protestas hasta que se consiga la derogación de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Financiera 2025. Además, en caso de que no se obtenga una respuesta favorable por parte del gobierno, los comités han advertido que las medidas de presión se radicalizarán a nivel nacional, lo que podría incluir paros y bloqueos en diversas regiones del país.
Por otro lado, el Comité Multisectorial expresó su rechazo unánime a los contratos firmados con las empresas Uranium One Group y Hongkong CBC. Estos acuerdos están vinculados con los proyectos de ley 170 y 197 correspondientes a la gestión 2024/2025, que han generado dudas y desconfianza en sectores económicos y sociales. El rechazo a estos contratos refleja la preocupación por la transparencia y los posibles efectos negativos de estos acuerdos sobre la economía nacional y el bienestar de los bolivianos.
Finalmente, con el objetivo de continuar con el diálogo y fortalecer la unidad entre los diferentes sectores, se ha convocado a un sexto encuentro multisectorial, que se celebrará el próximo martes 25 en la ciudad de Oruro. Este encuentro será de suma importancia para definir las acciones a seguir y coordinar esfuerzos en la defensa de los intereses nacionales. La cita promete ser un espacio clave para afianzar las relaciones entre las diversas instituciones y avanzar en la búsqueda de soluciones que beneficien a todos los sectores involucrados en la vida política y económica del país.
