El Comité de Seguridad Alimentaria se reunió con el objetivo de discutir la polémica generada en torno a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), una normativa que ha sido rechazada por amplios sectores productivos, industriales y gremiales de Bolivia. La medida ha causado una serie de manifestaciones y llamados a su abrogación, ya que los actores involucrados consideran que podría afectar gravemente sus actividades y la seguridad jurídica del sector agroindustrial. Ante esta situación, el Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, ofreció una declaración pública en la que informó que el gobierno está llevando a cabo gestiones inmediatas para atender las inquietudes y demandas de los sectores afectados.
En su intervención, el Viceministro Silva explicó que el propósito de la disposición adicional séptima no es perjudicar a los sectores productivos ni a la industria nacional. En sus palabras, la normativa busca mejorar los mecanismos de control y fiscalización para asegurar la calidad y seguridad alimentaria en el país, sin que esto implique intervenciones arbitrarias en los procesos productivos. Silva señaló que, a pesar de las preocupaciones legítimas del sector productivo, las interpretaciones sobre la disposición son erróneas, ya que la intención no es afectar las garantías legales ni la seguridad jurídica de los actores económicos involucrados. “Las preocupaciones que tiene el sector productivo, empresarial e industrial, si bien son legítimas, están muy alejadas de la realidad del objetivo de la disposición séptima”, comentó Silva. Aseguró que el gobierno está dispuesto a dialogar con los diferentes sectores para esclarecer los alcances de la medida y encontrar soluciones que garanticen la continuidad de sus actividades de manera segura y eficiente.
El Papel de la Política en la Controversia: Manipulación y Desinformación
Durante su intervención, el Viceministro también hizo referencia a la manera en que algunos actores políticos han aprovechado la situación para instrumentalizar la controversia, con el fin de generar movilizaciones y aumentar la inquietud en la población. Silva alertó sobre el riesgo de que ciertos discursos en los medios y en la esfera pública estén siendo utilizados para desinformar a la ciudadanía y aumentar las tensiones entre el gobierno y los sectores productivos. En este sentido, hizo un llamado a la calma y al entendimiento, subrayando que el gobierno está comprometido en resolver el conflicto mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.
“Algunas acciones discursivas están buscando exacerbar el problema, creando un ambiente de desinformación y polarización, cuando en realidad la disposición adicional séptima tiene un enfoque diferente al que se le ha dado en ciertos sectores”, señaló Silva, instando a los actores involucrados a centrarse en la búsqueda de soluciones más que en la creación de conflictos innecesarios. En su discurso, destacó que el gobierno está abierto a escuchar las propuestas y preocupaciones de los sectores productivos, pero advirtió que el propósito de la medida es positivo y está alineado con la mejora de la seguridad alimentaria en Bolivia.
Compromiso con el Diálogo y Cronograma de Reuniones
Para dar seguimiento a las inquietudes de los sectores afectados, el Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor anunció que este mismo miércoles se enviarán notas oficiales a las organizaciones y gremios movilizados. El objetivo es establecer un cronograma de reuniones en las que se discutan los puntos de la disposición adicional séptima y se busquen soluciones consensuadas que beneficien a todas las partes involucradas. Silva enfatizó que el diálogo será fundamental para aclarar los objetivos de la disposición y asegurar que el sector productivo, industrial y gremial del país pueda seguir operando sin temor a represalias o afectaciones arbitrarias.
“La mejor forma de abordar este tema es a través del diálogo abierto y constructivo, donde podamos aclarar los malentendidos y llegar a acuerdos que aseguren tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad de los sectores productivos”, subrayó el Viceministro. En este contexto, el gobierno se comprometió a trabajar de la mano con los sectores involucrados para garantizar que las medidas adoptadas no perjudiquen la competitividad ni el desarrollo del sector agroindustrial, y que se fortalezcan los mecanismos de control y fiscalización en beneficio de la ciudadanía.
La disposición adicional séptima sigue siendo un tema de intenso debate, pero las autoridades han dejado claro su compromiso de encontrar soluciones a través de un proceso de diálogo y negociación, buscando siempre el bienestar general y la estabilidad del país. El Viceministro Silva concluyó su intervención reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad jurídica y el desarrollo de un marco normativo que favorezca a todos los actores económicos, sin comprometer la seguridad alimentaria ni el bienestar de la población.
