Se trata de La Muralla China, una instalación ubicada en Riachuelo, Corrientes, que hasta el momento no ha logrado obtener la habilitación necesaria por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para exportar sus productos a China. Esta situación plantea desafíos significativos para la empresa y sus aspiraciones de expandir su mercado hacia China, resaltando la importancia de cumplir con los rigurosos estándares de calidad y seguridad alimentaria exigidos por el país asiático antes de lograr la aprobación para exportar.
Casi cuatro años después de su inauguración y tras una prolongada espera en vano por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para obtener la habilitación necesaria para exportar a China, el frigorífico La Muralla China se vio obligado a cerrar sus puertas. Este desalentador escenario ha dejado a más de cien trabajadores en el pueblo correntino de Riachuelo, ubicado a unos 15 kilómetros de la capital provincial, sin su fuente laboral, con aproximadamente 40 empleados permanentes y el resto contratados de forma temporal enfrentando una incierta situación laboral.
Todo comenzó el sábado 26 de agosto pasado, cuando cerca de las 11 de la mañana, el presidente de la empresa de capitales asiáticos, Yi Zhuang, convocó a todos los trabajadores de la planta para comunicarles una noticia desalentadora. Debido a las difíciles circunstancias que enfrentaba el país y, a pesar de los innumerables esfuerzos, la empresa nunca logró obtener la ansiada habilitación por parte del organismo sanitario. Esto llevó a la dolorosa decisión de poner fin a las operaciones de la compañía, dejando a los empleados sin empleo y generando un impacto significativo en la comunidad local.
A partir del lunes siguiente, uno a uno, los empleados comenzaron a recibir sus telegramas de despido correspondientes. Aunque la noticia causó una profunda angustia entre los trabajadores, entendieron la difícil posición de la empresa, que desde su apertura el 29 de octubre de 2019, operaba con pérdidas constantes. El viernes 25 marcó el último día de actividad en la planta, y para ese momento, todos los empleados ya habían recibido sus notificaciones de despido. Se estima que la empresa enfrentará un costo de indemnizaciones que asciende a $14 millones debido a esta medida. A pesar del cierre de la planta, la empresa no tiene planes de dar de baja su matrícula ante el Senasa, dejando una puerta entreabierta para futuras posibilidades. “Las pérdidas mensuales pasaron a entre $10 y $15 millones, no venía un horizonte claro y fue irreversible su decisión”.
Tan pronto como este escenario llegó a oídos del intendente de Riachuelo, Martín Jetter, solicitó una reunión urgente el pasado lunes con la esperanza de que pudiera influir en la decisión de Zhuang. En la reunión que tuvo lugar en las instalaciones de la planta, el empresario chino explicó que el déficit mensual de la empresa se había incrementado de manera insostenible, llegando a un punto crítico. En un ejemplo concreto, señaló que una de las últimas facturas de electricidad pasó de $11 millones a $20 millones, lo que ilustra el desafiante panorama financiero que enfrentaba el frigorífico.
“Nunca se logró que el Senasa lo habilite para exportar a China y solo con el tráfico federal, con una faena mensual de 4000 cabezas, no se pudo sostener porque se incrementó el costo del consumo de energía, el mantenimiento enorme que requiere una planta de estas características sumado a las subas salariales que tuvo el sector para palear la inflación. Es lamentable que esto suceda sobre todo en la situación económica en la que está el país”
Indicaron “La función del Senasa en este caso es controlar los requisitos fijados por los países y velar por su cumplimiento. Se ha venido acompañando al frigorífico. Siempre hubo buena voluntad a disposición del establecimiento para cumplir con las exigencias de los mercados a los que se pretendía exportar pero las mejoras requeridas no llegaron”.
Desde el año 2019, se había emprendido un arduo trabajo en la planta con el objetivo de restaurarla y ponerla en óptimas condiciones. Inicialmente, se comenzó con la faena para el mercado interno, pero cuando hubo un cambio de autoridades, las visitas para la habilitación se suspendieron temporalmente. Luego, la pandemia de COVID-19 complicó aún más la situación y pasaron meses sin avances significativos, a pesar de los trámites presentados ante las autoridades pertinentes.
Sin embargo, hace aproximadamente dos meses, se presentó un nuevo obstáculo en el funcionamiento de la planta. Según lo que trascendió, después de que el frigorífico tomara la decisión de expulsar a un oficial del Senasa debido a «actitudes incorrectas y ajenas a su rol», el organismo sanitario redujo drásticamente la velocidad de faena, permitiendo solo 10 cabezas por hora debido a la falta de un agente del Senasa in situ. Esta restricción ponía aún más en desventaja a la planta y la hacía prácticamente inviable, ya que trabajando las 24 horas, solo podían faenar un máximo de 250 animales por día. Afortunadamente, la fuente consultada mencionó que esta situación se resolvió en un plazo de 48 horas, y la planta pudo volver a operar a una velocidad de 40 animales por hora.
Luego de estos sucesos, se llevó a cabo una reunión en la Secretaría de Trabajo de la provincia, en la que participaron funcionarios, la abogada representante de la empresa y miembros de la Federación de la Carne, a pesar de que los trabajadores no estaban afiliados al gremio. Durante la reunión, el sindicato solicitó a la abogada que la empresa reconsiderara la emisión de los telegramas de despido y ofreció su colaboración en la búsqueda de la habilitación necesaria para la exportación. La abogada se comprometió a transmitir esta inquietud al propietario de la empresa. Después de finalizar la reunión, el trabajador Sánchez regresó a la planta para informar a sus compañeros sobre las novedades. Según el intendente, Sánchez le comunicó que el propietario estaba agotado y había llegado al límite de tolerancia, habiendo invertido grandes sumas de dinero y operado a pérdida, sin recibir respaldo gubernamental. El intendente agregó que la burocracia y los desafíos persistentes habían llevado al dueño a tomar esta decisión. Además, destacó que para los trabajadores también ha sido una experiencia agotadora, ya que durante cuatro años han brindado su esfuerzo a la empresa, con salarios insuficientes y en un constante estado de incertidumbre. A raíz de esta situación, muchos de ellos están considerando buscar empleo en otros lugares donde puedan contar con una mayor seguridad laboral.
Fuente: La nación
