La hidrovía Paraná-Paraguay, un corredor fluvial esencial para el comercio de Paraguay, ha atraído la atención de Estados Unidos, Brasil y Colombia, pero no por razones de comercio. A medida que se intensifica la disputa entre Argentina y Paraguay sobre los peajes en la hidrovía, el enfoque se ha desplazado hacia los oscuros entresijos del tráfico de drogas en esta región de América del Sur.

Este extenso río de 3.400 kilómetros, que recorre Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay, se ha convertido en una ruta crítica para el transporte de productos paraguayos hacia el Océano Atlántico. Aproximadamente 3,000 embarcaciones paraguayas transportan alrededor de 27 millones de toneladas de carga anualmente a través de la hidrovía. Sin embargo, entre las mercancías legales, la hidrovía también se ha convertido en un canal para el tráfico de miles de kilogramos de drogas que salen de los puertos paraguayos y se dirigen a Europa, camuflados entre productos legales.

El viaje de estas sustancias ilegales comienza en Bolivia, Perú y Colombia y pasa por una red de corrupción y violencia antes de llegar a su destino. En particular, el Chaco paraguayo, una vasta región fronteriza con Bolivia, Brasil y Argentina, se ha convertido en un punto crítico para el narcotráfico latinoamericano. Avionetas clandestinas llegan desde Bolivia, descargando cocaína en esta región poco controlada debido a la falta de radares y presencia militar.

Las autoridades de Estados Unidos, Colombia y Brasil han advertido que el gobierno paraguayo presenta importantes deficiencias en el control de este territorio, lo que facilita a las organizaciones criminales el acopio de grandes cantidades de cocaína, que luego se transporta a puertos paraguayos y se envía a Europa y otros mercados. Este fenómeno es motivo de preocupación para la lucha contra el narcotráfico en la región y ha desencadenado investigaciones conjuntas entre estos países para abordar el problema.