El proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y los productores agrícolas continúa avanzando a través de mesas técnicas, donde se analizan minuciosamente los aspectos tanto positivos como negativos relacionados con el uso de biotecnología en los diversos cultivos que se desarrollan en Bolivia. Este enfoque busca asegurar que cualquier decisión sobre la adopción de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) sea tomada con una comprensión completa y equilibrada de sus implicaciones para el sector agrícola del país.
Klaus Frerking, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que el pasado jueves se llevó a cabo la última reunión de coordinación, y se espera que en los próximos días las conversaciones sobre los OGM se reanuden con un enfoque más detallado. “Estamos llegando a coincidencias importantes sobre lo que realmente necesita el país en cuanto a la aplicación de biotecnología”, señaló Frerking, subrayando la importancia de estas reuniones para el futuro del sector. Agregó que, en un futuro cercano, se esperan respuestas más concretas, una vez que se logre analizar y adecuar adecuadamente tanto la parte jurídica como la técnica relacionada con este tema crucial.
Seguridad Jurídica: Un Pilar Fundamental en las Negociaciones
Además de los temas relacionados con la biotecnología, otro aspecto fundamental en estas negociaciones es la seguridad jurídica, especialmente en lo que respecta a la problemática de los avasallamientos de tierras, una preocupación creciente para el sector productivo. Este tema ha sido una prioridad en el diálogo, con el Gobierno nacional comprometiéndose a buscar soluciones efectivas para proteger los derechos de propiedad de los productores.
Frerking destacó que este asunto está siendo liderado por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), bajo la dirección de su presidente Wálter Ruiz. “Estamos trabajando en conjunto con el ministro de Gobierno para abordar los avasallamientos y asegurar la titulación adecuada de todos los predios en Santa Cruz”, añadió. La resolución de estos problemas es vista como un paso crucial para garantizar un entorno seguro y estable para la producción agrícola y ganadera en la región, reforzando la confianza del sector en las autoridades y en el marco jurídico nacional.
