El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Walter Ruiz, expresó su profunda preocupación al informar que un total de 41 productores de ganado han sido directamente afectados por la toma ilegal de tierras en diversas zonas productivas del departamento. Este fenómeno, que ha ido en aumento en los últimos meses, representa un grave golpe para la labor del sector agropecuario, ya que no solo compromete la seguridad jurídica de los productores, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica y social de la región. Ruiz subrayó que la situación es crítica y que, de no tomarse medidas inmediatas, podría escalar a un conflicto de mayores proporciones, afectando la producción ganadera, una de las principales actividades económicas de Santa Cruz.

En respuesta a la creciente preocupación, Fegasacruz elevó formalmente un listado detallado de los predios afectados por las tomas ilegales a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Esta acción se llevó a cabo como parte de una estrategia conjunta para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por el gabinete agropecuario del Gobierno nacional, con quienes se mantuvo una reunión de carácter urgente el pasado sábado. Durante este encuentro, se abordaron diversos temas críticos para el sector, destacando la imperiosa necesidad de proteger las tierras productivas y de garantizar el derecho de los productores a operar en un entorno seguro y libre de amenazas externas. Ruiz indicó que la elaboración y entrega de este listado es solo un primer paso en un largo proceso de lucha por la defensa del sector ganadero.

Como resultado de las negociaciones sostenidas en la reunión, el Gobierno nacional asumió un firme compromiso de intensificar la lucha contra los avasallamientos en tierras productivas, un problema que ha generado tensiones no solo entre los productores y los ocupantes ilegales, sino también dentro de la sociedad en general. Esta labor estará bajo la responsabilidad directa del Ministerio de Gobierno, que ha sido instruido para actuar con mayor celeridad y contundencia en la resolución de estos conflictos. Paralelamente, los productores afectados acordaron no abandonar los procesos penales ya iniciados, comprometiéndose a realizar un seguimiento riguroso de cada uno de ellos para garantizar que se haga justicia. Ruiz concluyó señalando que este es un esfuerzo conjunto que requiere la colaboración activa de todas las partes involucradas para preservar la integridad del sector ganadero en Santa Cruz.